La administración de Laurentino Cortizo y organizaciones sindicales anunciaron este domingo un pacto para desbloquear las principales rutas del país, tras lograr un acuerdo en la reducción de los precios de los combustibles.
A través de una nota de la Presidencia de la República, los representantes de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO) y voceros del Gobierno nacional lograron establecer el precio del combustible a 3,25 dólares por galón.
El precio aplicará tanto para la gasolina de 91 y 95 octanos como para el diésel, y estará sujeto a la variación del precio del mercado internacional o de situaciones de costo internacional. El texto resalta que "estos acuerdos son el resultado del consenso y la buena disposición de las partes para mantener la paz social".
Este acuerdo fue suscrito en Santiago de Veraguas, una ciudad ubicada a 250 kilómetros de Ciudad de Panamá, en esta localidad se mantenían los bloqueos de vías más fuertes, con decenas de camiones trancando el paso por la carretera Panamericana, que une al país con el continente.
Durante las conversaciones, la propuesta del gobierno de establecer a 3,25 dólares por galón en Santiago de Veraguas fue mejor que la oferta realizada a la comunidad indígena de la Comarca Ngäbe-Buglé, en la provincia de Chiriquí, en el extremo oeste del país, que establecía el galón en 3,30 dólares.
En esta región se producen la mayoría de los alimentos frescos de Panamá, por lo que el bloqueo en esa zona complicaba el abastecimiento de todo el país.
El pacto suscrito también contempla las conversaciones para reducir los precios de algunos productos de la cesta básica y algunos medicamentos. Sin embargo, algunas organizaciones sindicales rechazaron estos acuerdos y anunciaron diversas manifestaciones en varios puntos del país.
Durante más de dos semanas, el país centroamericano fue protagonista de una crisis política y social por un aumento desproporcionado en los precios de combustible, en los alimentos y medicinas; con una tasa de desempleo cercano al 10%.
Esto generó, que diversas organizaciones sindicales convocaran a un paro general con el bloqueo de las principales rutas del país, exigiendo al gobierno de Laurentino Cortizo una política eficaz contra la inflación, así como, un plan para frenar la corrupción, entre otros.
Este escenario no se había vivido en el país desde 1989, cuando cayó el gobierno de Manuel Antonio Noriega, tras la invasión estadounidense.
