Un sector del Parlamento Europeo discute este jueves 9 de junio la posibilidad de incluir a jueces de Nicaragua en la lista de sancionados de la Unión Europea, por considerarlos un brazo jurídico al servicio del gobierno de Daniel Ortega.
En concreto, se analizarán las sentencias de un grupo de 14 jueces de esa nación centroamericana, por considerarlas represivas.
Los diputados miembros de este ente legislativo han preparado una propuesta de resolución sobre la “Instrumentalización de la justicia como herramienta represiva en Nicaragua”. El punto número 8 de la resolución “insta a la Unión Europea a que haga rendir cuentas al régimen nicaragüense, en particular a sus jueces, por la represión en el país y los procesos judiciales iniciados contra figuras de la oposición y otros críticos…”
También, “pide al Consejo que inicie de inmediato procedimientos para incluir a varios jueces en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea (UE)”. La lista de los miembros del poder judicial nicaragüense quienes pudieran ser sancionados incluye a: Nadia Camila Tardencilla, Angel Jeancarlos Fernández González, Ulisa Yaoska Tapia Silva, Rosa Velia Baca Cardoza, Veronica Fiallos Moncada, Luden Martin Quiroz García, Karen Vanesa Chavarría, Félix Ernesto Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, William Irving Howard López, Erick Ramón Laguna Averruz, Melvin Leopoldo Vargas García, Irma Oralia Laguna Cruz, Rolando Sanarrusia, Octavio Rothschuh Andino, Ángela Dávila y Argentina Solís.
En entrevista para la DW, Soraya Rodríguez Ramos, quien es una de las promotoras de la resolución, aseguró que "En un sistema como el que existe en Nicaragua -donde no hay separación de poderes y donde se han producido detenciones arbitrarias sin las mínimas garantías, basadas en denuncias infundadas y sin permitir a los detenidos ningún tipo de asesoramiento jurídico-, una detención es sinónimo de tortura”.
Rodríguez Ramos indicó que “es fundamental aislar política y económicamente al régimen nicaragüense”. "Abogamos porque las instituciones financieras internacionales no le concedan préstamos. La pareja Ortega-Murillo y sus hijos han convertido al país en una sociedad anónima, en la que se utilizan fondos internacionales para sus propios intereses económicos”, aseguró a DW.
