El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue citado a declarar ante la Fiscalía los días 4 y 9 de agosto por los casos de supuestos ascensos irregulares de las fuerzas de seguridad y de la presunta obstrucción en la captura de miembros de su gabinete acusados de corrupción.
En una declaración a la radio peruana RPP, el abogado del primer mandatario, Benji Espinoza, señaló que hay dos fechas para que Castillo se presente ante la Fiscalía, “se ha previsto una primera declaración para el 4 de agosto y una segunda, para el caso de encubrimiento, el 9 de agosto. Ambas son por la mañana”. Subrayó.
Aún falta determinar si la Fiscal de la nación, Patricia Benavides, acudirá a la sede del palacio presidencial o, por el contrario, el jefe de Estado deberá declarar en la sede del ministerio.
Hasta la fecha, Castillo lleva en su haber cuatro investigaciones en curso, sin embargo, el Presidente se ha defendido de estas acusaciones al señalar a movimientos de sectores empresariales y políticos que buscan desestabilizar su mandato.
Las primeras dos investigaciones tienen que ver con una presunta red mafiosa que operaba en el ministerio de Transportes y Comunicaciones en la construcción del puente Tarata, en la que se comprobaron varias irregularidades en la selección de la contratista del puente sobre el río Huallaga; este consorcio está asociado a la empresaria Karelim López, que también es investigada por corrupción.
La Fiscalía sostiene que Castillo lidera esta red que operaba en dicho ministerio en complicidad con el ex titular de dicho ente, Juan Silva, que se encuentra prófugo de la justicia. En dicha red criminal, también hay funcionarios de varios organismos públicos, así como, empresarios que se vieron beneficiados en los procesos de licitación pública.
Paralelamente, el Ministerio Público acusó al primer mandatario de liderar otra red criminal dedicada al ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La Fiscalía inició en el pasado mes de julio la tercera investigación sobre el mandatario nacional por el presunto delito de encubrimiento personal, un proceso abierto días después de que el exministro del Interior Mariano González denunciara que Castillo obstruía la justicia. “No tengo ninguna duda de que esta salida abrupta tiene como fin obstruir la administración de Justicia”, denunció González.
Nuevamente la Fiscalía anunció la cuarta apertura de investigación por tráfico de influencias contra el presidente, después de dejar sin efecto la suspensión que estableció un juez, por presuntos delitos en la compra de biodiésel en Petroperú, al favorecer a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.
