Una corte peruana ordenó liberar este lunes a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, luego de estar encarcelada dos meses por estar presuntamente involucrada en una red criminal en lavado de activos.
El máximo ente judicial informó a través de un comunicado que los jueces de la sala penal de apelaciones liberaron la orden de excarcelación de Paredes, por la cual podrá salir de la prisión de mujeres de Lima; después que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cumpla con una serie de trámites legales, en la que destacan ciertas restricciones de movilidad.
Estas restricciones incluyen no ausentarse de su domicilio, ir cada mes a un juzgado a registrar su huella digital y asistir a los próximos llamados de los fiscales o jueces.
La justicia peruana ordenó a mediados de agosto encarcelar a Paredes, de 26 años, acusada de participar en una red de corrupción que presuntamente dirigiría el jefe de Estado.
Incluso, la policía fracasó en su intento de detenerla en el palacio presidencial donde la buscó incluso debajo de la cama del mandatario, el pasado 09 de agosto. Sobre los hechos, el mandatario calificó de “show mediático” e “ilegal” el allanamiento en su residencia.
“Hoy, Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente, cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo gobierno”, aseguró Castillo en un discurso a la nación.
Actualmente la Fiscalía tiene cinco investigaciones por presunta corrupción contra el presidente Castillo, varios familiares, dos exministros, entre otros, de integrar un presunto grupo criminal para lavar activos y cometer actos de corrupción.
Según la investigación adelantada por el organismo, la coordinadora de la presunta red criminal sería la primera dama, Lilia Paredes, y como testaferros de este grupo actuarían los tres cuñados de Castillo, incluyendo a Yenifer Paredes.
La hipótesis que estudia la Fiscalía sobre este caso es que el jefe de Estado y su presunta organización buscan aprovecharse de los cargos claves que ocupan para obtener beneficios económicos, obstruyendo cualquier inactiva de investigación.
En el caso de Paredes, existen pruebas que indican que ayudó a una empresa de un allegado a obtener contratos de obras públicas a pesar de no tener la experiencia en el ramo de construcción.
