El Ministerio de Salud (Minsa) de Perú ha tomado una controvertida decisión al incluir la transexualidad en la lista de enfermedades mentales en su Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).
Esta medida, anunciada a través del Decreto 009-2024-SA y firmada por la presidenta Dina Boluarte, ha generado un amplio rechazo por su anacronismo y su alto contenido discriminatorio.
Una decisión polémica
El decreto se basa en la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10), a pesar de que esta quedó caduca en 2022 con la entrada en vigencia de la CIE-11.
En este nuevo estatuto, la transexualidad de su lista de enfermedades hace dos años. De esta manera, términos como «transexualismo», «transvestismo de rol dual» y otros fueron consignados en la categoría de trastornos mentales en la cobertura de aseguramiento de Perú.
Rechazo y críticas
La decisión ha desatado una ola de críticas por parte de profesionales de la salud, organizaciones de derechos humanos y la comunidad LGBTIQ+, declaró Bloomberg.
414 profesionales de la salud y 176 organizaciones de derechos humanos, han enviado una carta al Ministerio de Salud solicitando la derogación del decreto.
La diputada Susel Paredes de la alianza Juntos por el Perú pidió la derogación del decreto, argumentando que refuerza el estigma y la discriminación hacia las personas trans. Asimismo, hizo un llamado a implementar políticas de salud mental acordes a los estándares internacionales para garantizar el derecho a la salud, igualdad e identidad.
Reacciones contundentes
El colectivo Más Igualdad Perú ha recolectado firmas para enviar una carta al ministro de Salud, César Vásquez, exigiendo la rectificación de la medida. Además, han destacado que la transexualidad fue eliminada de la lista de enfermedades por la OMS hace 28 años, por lo que consideran inaceptable retroceder en este aspecto.
El científico Percy Mayta Tristán, director del área de investigación de la Universidad Científica del Sur, alertó sobre el impacto negativo.
Por otro lado, Jorge Apolaya, vocero del Colectivo Marcha del Orgullo Lima, criticó la norma por estar basada en criterios obsoletos y por abrir la puerta a prácticas consideradas tortura por el derecho internacional.
