El Congreso de Perú aprobó tramitar la denuncia constitucional que la Fiscalía presentó el 11 de octubre, contra el presidente Pedro Castillo, a quien acusa de corrupción y de liderar una organización criminal.
En sesión parlamentaria el proceso de votación arrojó 13 votos a favor y ocho en contra, sin abstenciones.
Según la denuncia, la organización criminal liderada por Castillo estaría dedicada a entregar licitaciones fraudulentas de obras a cambio de dinero.
La denuncia se encuentra en una fase probatoria en la que el acusado puede ser convocado a ejercer su defensa, antes que se emita un informe final.
A criterio de Castillo, la denuncia forja el inicio de un golpe de Estado, considerando que en el artículo 117 de la Constitución se establece que el presidente solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción.
Por su parte, la primera Fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, asegura que los actos ilícitos habrían sido cometidos por el mandatario en los casos conocidos como Ministerio de Transportes y Comunicaciones o Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Castillo fue apoyado sólo por Perú Libre, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Juntos por el Perú.
La denuncia admitida a trámite incluye a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, quienes, según la hipótesis de la Fiscalía, también forman parte de la organización criminal liderada por Castillo.
Finalmente, la defensa del presidente Castillo ha solicitado la nulidad de la investigación de la Fiscalía mientras la Corte Suprema de Justicia de Perú aún no se ha pronunciado.
