Unas 300 personas marcharon el miércoles en Lima exigiendo la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Congreso. Estas protestas marcan un reinicio de las extensas manifestaciones que tuvieron lugar entre diciembre y febrero, las cuales comenzaron en los Andes y resultaron en más de 60 muertes.
Los manifestantes se movilizaron pacíficamente por el centro histórico de la capital, donde en febrero se prohibieron las protestas antigubernamentales por orden del alcalde Rafael López-Aliaga, quien es ultraconservador y aliado de la mandataria.
Aunque las protestas en la capital habían disminuido, en la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia, las marchas han sido recurrentes. Hace una semana, durante el Día de la Bandera local, los peruanos de zonas rurales marcharon portando banderas negras y blancas como señal de duelo por la muerte de 18 civiles en enfrentamientos armados con la policía a principios de enero.
Shirley Muñoz, una vendedora de cosméticos de 51 años, ondeaba una bandera peruana junto a los policías antidisturbios. «Si ella es madre, si es mujer, que piense en los jóvenes que han muerto y renuncie para estar en paz con su conciencia», expresó en referencia a la presidenta Boluarte.
Angie Quispe, una trabajadora del hogar de 31 años, marchaba junto a su hijo Liam, de siete meses de edad, para exigir la dimisión de la mandataria y también para pedir un aumento salarial. «Desde que comenzó el gobierno de Dina, no ha habido ninguna mejora para los trabajadores», afirmó.
Aunque se presentaron propuestas para adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias al inicio del año durante las protestas, el Congreso ha archivado cinco planes que buscaban acortar el mandato de Boluarte y los 130 legisladores. Tanto el Parlamento unicameral como la presidenta tienen altos índices de impopularidad según todas las encuestas. Un sondeo nacional realizado por la firma Ipsos Perú en junio reveló que el 81% de los peruanos rechaza la labor del Parlamento, mientras que el 77% desaprueba la gestión de la mandataria.
En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas coincidieron en que las fuerzas de seguridad habían utilizado fuerza excesiva para reprimir las manifestaciones antigubernamentales, las cuales comenzaron después de que el entonces presidente Pedro Castillo intentara disolver el Parlamento el 7 de diciembre para evitar ser destituido.
Horas después de esta acción, el Congreso destituyó a Castillo por incapacidad moral y fue sucedido por Dina Boluarte, quien era vicepresidenta. Las manifestaciones contra su gobierno comenzaron en el sur de los Andes, donde se concentra gran parte de la riqueza minera y turística del país, y en zonas que se identifican fuertemente con Castillo, actualmente en prisión preventiva durante tres años mientras se le procesa por presuntos delitos de rebelión y corrupción.
Según la Defensoría del Pueblo, el saldo de las protestas fue de 49 manifestantes muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Además, 11 civiles fallecieron en accidentes de tránsito o bloqueos de carreteras llevados a cabo por los manifestantes, y siete agentes de seguridad también perdieron la vida.
En cuanto a la presidenta Boluarte, recibió la visita del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien llegó a un remoto pueblo peruano en la frontera con Ecuador para inaugurar un Centro Binacional de Atención en Frontera. Esta visita marca la primera vez que un jefe de Estado extranjero visita a Boluarte, quien no tiene vicepresidente.
Desde el comienzo de su mandato, Boluarte no ha podido salir del país para realizar visitas oficiales debido a que la constitución no establece quién asume el poder en ausencia del presidente. Por esta razón, la presidenta ha propuesto al Parlamento gobernar de forma remota en caso de viajar al extranjero.
