A través de un comunicado, el papa Francisco estableció que los cardenales y obispos que cumplen funciones en El Vaticano, deberán pagar el alquiler de sus viviendas en la Santa Sede.
El pontífice argumentó que ningún dirigente de la Curia podrá tener un inmueble “a título gratuito o en condiciones particularmente favorables”.
Según la nueva regulación publicada este miércoles llamado Rescriptum, firmado por el prefecto Maximino Caballero Ledo, el nuevo secretario pontificio de Economía, se instaura “la abolición de los alojamientos gratuitos y ventajosos para cardenales, jefes de Dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, ejecutivos, auditores y sus equivalentes, del Tribunal de la Rota Roma”.
Aunque en el documento no se menciona la posibilidad de realizar desalojos, se estableció que los alquileres de estos inmuebles serán reprogramados, según lo estipulado, sin perjuicio de los contratos actuales.
Una publicación de Vaticans News, informa que esta medida obedece a la necesidad de hacer frente a los actuales compromisos crecientes de la Iglesia, “en un contexto económico, como el de hoy, de especial gravedad”.
Sin embargo, esta decisión ya generó un contundente rechazo desde las altas esferas de la Curia, y se prevé que la molestia se extienda rápidamente a todos los inquilinos que residen en propiedades inmobiliarias del Vaticano.
A algunos de estos funcionarios les preocupa que el nuevo arrendamiento de estas propiedades se nivele a los precios del mercado inmobiliario, que en una ciudad como Roma son costosos.
Según especialistas del tema, la reprogramación de estos alquileres será una tarea compleja, ya que el Patrimonio del Vaticano que gestiona la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), incluye uno 4.000 apartamentos repartidos por la capital, y centenares de casas y oficinas que se alquilan a precios inferiores a su valor real.
A esto se le suma que El Vaticano dispone de unas 1.120 propiedades en el extranjero, sin incluir sus embajadas por todo el mundo.
No obstante, el 30% de estas propiedades son alquileres subvencionados para empleados, jubilados y otras formas de ayuda.
Desde su elección en 2013, el papa Francisco ha tratado de ordenar las finanzas de la Santa Sede a través de un programa de transparencia en sus arcas, y desde entonces se ha experimentado un clima de enfrentamiento entre los partidarios del Papa y sus críticos, más evidente desde el fallecimiento de Benedicto XVI.
