El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció este domingo que pedirá al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular que decida sobre la derogación de un polémico contrato minero que desató inéditas protestas en todo el país centroamericano.
«Solicitaré al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular el domingo 17 de diciembre de 2023 para que los panameños decidamos con el poder del voto si se deroga o no se deroga la ley» del contrato minero, dijo Cortizo, en un mensaje al país difundido por televisión. El presidente aseguró que el resultado de esa consulta popular «será de obligatorio cumplimiento».
En su escueto mensaje, de apenas dos minutos, Cortizo también informó que su Gobierno pedirá una ley que prohíba «la minería metálica a nivel nacional».
Cortizo pronunció su mensaje luego que concluyera una multitudinaria concentración en la capital, donde decenas de miles exigieron la derogación del contrato que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM) operar en Panamá la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
Motociclistas se unen a las protestas
Dichas protestas contaron con la incorporación de decenas de motociclistas que hicieron sonar sus motores y se sumaron de una forma vistosa y pacífica a las manifestaciones. Los más de 200 motociclistas del club «Los Reyes de la Calle» recorrieron en toda su extensión el largo paseo de la Cinta Costera que bordea la Bahía de Panamá y otros puntos de la capital panameña, como la emblemática Calle 50, ubicada en pleno centro bancario y uno de los epicentros de las masivas protestas antimineras.
Una vez finalizado, aparcaron sus motos en una de las plazas de la Cinta Costera para gritar consignas en contra del nuevo contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense FQM.
Las protestas antimineras, que dieron comienzo dos días después de firmado el contrato, se han desarrollado pacíficamente, pero -de manera paralela a su término- se han estado dado enfrentamientos entre grupos de personas y la Policía, así como actos vandálicos y saqueo a comercios.
Un balance ofrecido por la Policía Nacional señala que hasta el 28 de octubre habían sido aprehendidas 571 personas, de ellas 92 adolescentes, mientras que 55 comercios fueron vandalizados, así como también 16 entidades, 37 carros del Gobierno y 34 de particulares, en tanto que 34 agentes policiales resultaron con lesiones.
Fuente: DW
