Este miércoles el presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva firmó un decreto que garantizará la seguridad en puertos y aeropuertos para reforzar los operativos de protección de fronteras contra el crimen organizado.
El decreto se extenderá hasta mayo de 2024 e incluirá el puerto de Santos, el principal a nivel continental, el puerto de Itaguaí y el de Río de Janeiro.
Además, fueron incluídos los aeropuertos de Guarulhos, Galeão, Río de Janeiro y Sao Paulo.
El gigante sudamericano enfrenta un aumento de la violencia a manos de las bandas de narcotraficantes y milicias parapoliciales que controlan varios territorios, en especial en Rio de Janeiro.
La situación es especialmente delicada en la zona oeste de Río de Janeiro, bajo control de las milicias, grupos creados por expolicías que practican la extorsión, y el tráfico de drogas.
La situación es más apremiante en la zona oeste de Rio de Janeiro, bajo control de las milicias, grupos creados por expolicías que practican la extorsión, y en los últimos años, también el tráfico de drogas.
«Este decreto establece la creación de una operación combativa integrada contra el crimen organizado y por eso estoy firmando este decreto de puertos y aeropuertos» anunció Lula desde el Palacio de Planalto.
El operativo estará supervisado por un comité que estará coordinado por los ministros de Justicia y Defensa. Ambos ministerios se encargarán de modernizar a la Policia Federal, la Policia de Carreteras, la Policia Criminal, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.
El Ministro de Justicia, Flávio Dino, informó que se desplegarán 3.700 funcionarios militares, de los cuales 2.000 son integrantes del Ejército, 1.100 de la Marina, y 600 de la Fuerza Aérea.
Dino señaló que era esencial «quitar el dinero al crimen organizado», que en Brasil gestiona «miles de millones de reales».
La Marina se encargará del resguardo de las rutas del acceso del tráfico ilegal en el puerto de Santos e Itaguí.
Con la firma de este decreto las fuerzas del orden público podrán realizar registros e incautaciones si se sospechan indicios de la ocurrencia de un delito.
