El presidente de Perú, Pedro Castillo, informó este martes que es víctima de un complot político encabezado por la Fiscal de la nación, Patricia Benavides, quién lo acusó de liderar una presunta organización criminal, de tráfico de influencias, entre otros cargos.
A juicio del presidente Castillo la acción emprendida por Benavides es una nueva modalidad de golpe de Estado en su país, cuestionando los métodos de coacción y abuso a los investigados por parte de la Fiscalía.
Destacó que el Ministerio Público debe ser conducido por personas honradas. “No nos van a amedrentar, estamos acá más firmes que nunca”, agregó Castillo durante un encuentro con medios extranjeros.
En este sentido, el mandatario se refería a las acciones adelantadas este martes por el Ministerio Público en la que ordenó la detención preventiva de seis parlamentarios relacionados con el caso del partido Acción Popular.
Incluso, Castillo criticó cómo fue allanada la casa de su hermana, Gloria Castillo, quien se encontraba junto a su madre, en San Juan de Lurigancho, un distrito al este de Lima, tildándolo como “acto abusivo”.
Por su parte, la fiscal Patricia Benavides señaló a través de un comunicado de la red Twitter que se hallaron “indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en el palacio de Gobierno, con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.
Esta investigación se extiende a dos exministros Juan Silva Villegas, quien era titular de Transportes y Comunicaciones, actualmente prófugo, y de Geiner Alvarado López, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Benavides informó “que la denuncia se sustenta en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales”.
Los presidentes en Perú cuentan con inmunidad y normalmente no pueden ser acusados de delitos criminales, sin embargo, la denuncia constitucional representa un paso relevante para levantar esa restricción, en una de las medidas más agresivas tomadas contra el jefe de Estado.
“Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal”, subrayó Benavides.
En cualquier caso, las acusaciones son graves y golpean a un Ejecutivo marcado por la inestabilidad política, las renuncias de altos funcionarios y las destituciones desde sus inicios.
Algunos legisladores han resaltado que existen elementos para solicitar un tercer intento de destitución contra el presidente, pero han reconocido, que no tienen los votos necesarios.
