El sistema penitenciario de Ecuador confirmó el viernes en un comunicado la liberación de los 57 guardias penitenciarios y policías retenidos en seis cárceles, en medio de dos nuevas jornadas violentas en el país con ataques y explosivos en varias ciudades.
«El Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), ente responsable de las cárceles, aseguró que la liberación se logró sin uso de la fuerza y que los funcionarios que estuvieron retenidos desde el jueves se encuentran a buen recaudo, tras practicarles exámenes médicos», reseñó EFE.
El SNAI adjudicó previamente los hechos a “una respuesta de grupos criminales ante las intervenciones de la fuerza pública en los centros carcelarios”.
La misma relación atribuyeron autoridades de Seguridad del gobierno a los ataques con explosivos y coches bombas que se sucedieron desde la noche del miércoles hasta la madrugada del viernes. Hubo dos nuevos ataques con artefactos explosivos en las últimas horas.
Uno de ellos se produjo a las 3 am del viernes en un puente que conecta las ciudades de Machala y El Guabo, en la provincia costera de El Oro, informó a The Associated Press el comandante de policía de esa zona, Luis García. El hecho no dejó heridos ni víctimas pero el paso permanece cerrado mientras se evalúa la estructura.
Otra detonación de un tanque de gas de uso doméstico, al que se le adhirieron tacos de dinamita, ocurrió el jueves en la noche debajo de un puente que une las ciudades de Archidona y Tena, en la provincia de Napo, informó a AP el comandante de la policía local, Fausto Martínez.
Estos hechos se suman a dos explosiones de coches bomba en Quito y otros dos en la provincia costera de El Oro, entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, así como la detonación de otro artefacto explosivo que afectó un vehículo en Cuenca.
Por los dos primeros eventos un juez dictó la prisión preventiva de 10 detenidos acusados de terrorismo, que según la ley penal ecuatoriana se sanciona con penas de 10 a 13 años de prisión.
La Fiscalía informó en la red social X, antes Twitter, que la etapa de investigación durará 30 días.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo el jueves que el Estado irá “hasta las últimas consecuencias” en su lucha contra el crimen organizado, cuyas bandas han reaccionado a las incursiones de la fuerza pública en las cárceles para despojarlas de armas, explosivos, municiones y otros objetos prohibidos.
En tanto, el secretario de Seguridad, Wagner Bravo, ratificó en una radio local el jueves que las explosiones y la retención de los agentes penitenciarios “quieren amedrentar al Estado para evitar que sigamos cumpliendo con la función que tienen las Fuerzas Armadas y la policía de controlar estos centros”.
El analista de seguridad y docente de la universidad Instituto de Altos Estudios Nacionales, Daniel Pontón, dijo a AP que la situación es un hecho “sistemático y claramente planificado”, se preguntó “¿qué hace la inteligencia estatal ante estas situaciones?” y sostuvo que “no ha hecho nada, aunque las órdenes seguramente salen desde las prisiones a través de celulares”.
Añadió que lo ocurrido tiene la clara intención de generar un clima de psicosis en la población e incidir en el ambiente político con miras en la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre y advirtió que “estamos viendo una escalada del problema y ante el nivel de incompetencia del Estado más adelante podemos esperar atentados contra la población”.
Ecuador está asediado por la violencia. El país se conmocionó el 9 de agosto por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio a la salida de un acto político.
El viernes, la postulante Luisa González reveló a una radio local que existe una alerta por un supuesto intento de atentar en su contra y que aceptó la protección de las Fuerzas Armadas.
En las cárceles de Ecuador ejercen su dominio bandas de delincuencia organizada que las han convertido en centros de operación desde donde ordenan asesinatos, robos, secuestros y extorsiones.
También han sido escenario de cruentos enfrentamientos entre reos que desde 2021 hasta la actualidad han dejado más de 400 presos asesinados, según AP.
La ola de violencia es adjudicada por las autoridades a disputas de poder y al afán de controlar territorios y rutas del narcotráfico.
Un detonante para la creciente violencia fue el asesinato en 2020 de Jorge Zambrano, entonces líder máximo de la peligrosa banda local Los Choneros que tiene nexos con cárteles de México y cuyo vacío generó una encarnizada batalla entre otras agrupaciones delictivas por captar su liderazgo y controlar el negocio ilícito.
