Este viernes la Fiscalía de Colombia ocupó con fines de expropiación el inmueble del fallecido capo Pablo Escobar, que funcionaba como un museo que era manejado por su hermano, Roberto de Jesús Escobar, alias «Osito».
«Esta propiedad en la que actualmente son exhibidos artículos alusivos al exjefe del extinto cartel de Medellín fue afectada con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro», señaló Liliana Patricia Donado, directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía.
Donado explicó que el inmueble era explotado comercialmente por el hermano de Escobar, y fungía como un museo con alto atractivo turístico. Alias «Osito» trató mantener el dominio sobre el bien.
La Fiscalía señaló que Pablo Escobar adquirió la propiedad con dinero del narcotráfico y que fue registrada a nombre de testaferros.
Según el organismo judicial, Roberto Escobar ha estado ocupando de manera ininterrumpida la propiedad, ha promovido varias mejoras y logró que en los registros públicos, figurara una mujer como propietaria del inmueble.
Esta acción judicial se produce treinta años después que el narcotraficante más famoso del mundo fuera abatido en el tejado de una casa cuando intentaba escapar de una operación policial el 2 de diciembre de 1993 en Medellín.
Tras varios años de la muerte de Escobar, la familia decidió ofrecer un paseo turístico por la ciudad, que se centrara en la vida del antiguo líder del cartel de Medellín.
El hermano de Escobar, también formo parte de las fechorías junto a su hermano, estuvo preso y quedó medio ciego tras la explosión de un paquete bomba que le mandaron mientras estuvo en la cárcel.
En la casa habían varios objetos que pertenecieron a Escobar, entre ellos un automóvil, una motocicleta y una silla para caballos.
El museo, por el que había que pagar una entrada, era visitado con frecuencia por turistas extranjeros a pesar de la negativa de las autoridades de Medellín, que han querido olvidar esa página oscura de la historia de Colombia.
La propiedad pasará ahora a la Sociedad de Activos Especiales, que se encarga de administrar los bienes incautados a los narcotraficantes.
