El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó el fin del programa “Quédate en México” con el que se obligaba a los solicitantes de asilo a esperar su dictamen en el mencionado país.
Dicho programa fue implementado en 2019 por el ex presidente Donald Trump en lo que se había constituido en blanco de críticas por parte de defensores de derechos humanos.
El fallo del Supremo se produjo con cinco votos a favor y cuatro en contra, lo que autoriza al actual presidente Joe Biden a adoptar una política migratoria distinta a la de su predecesor republicano.
Antes de Trump, ningún mandatario estadounidense había adoptado un enfoque tan punitivo contra los solicitantes de asilo al exigirles residir fuera de Estados Unidos para esperar la resolución que les permitiera entrar.
La victoria judicial de Biden surge después de que los estados de Texas y Missouri demandaran al presidente demócrata por querer poner fin al programa, al considerar que violaba la sección 1225 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Las autoridades de Texas y Missouri, del partido Republicano, han manifestado que sus estados han resultado afectados por el número de migrantes irregulares que han llegado en los últimos años.
No obstante, con el dictamen, los magistrados resolvieron que el presidente Biden no había transgredido la ley.
Tras sucesivos reveses judiciales, Biden se anota un tanto en el Supremo, pero durante una semana que ha estado marcada por la tragedia: 53 migrantes fueron encontrados muertos dentro de un camión abandonado al costado de una ruta cercana a San Antonio, Texas.
La tragedia engrosa una larga lista de sucesos que subrayan los peligros que encaran decenas de miles de personas que migran, principalmente, desde México y Centroamérica con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
Las causas de ese fenómeno son múltiples pero el deterioro de las condiciones de vida en Latinoamérica, después de la pandemia, lo ha agravado.
La política migratoria de Trump consistió en detener a los solicitantes de asilo (la mayoría provenientes de Centro y Suramérica) o enviarlos a campamentos en México, donde debían esperar la resolución de sus solicitudes durante meses y hasta años.
Muchos eran enviados a México porque la administración Trump alegaba no tener los recursos para detener a todos los migrantes que esperaban obtener el estatus legal de permanencia en Estados Unidos.
De acuerdo con datos recientes, desde diciembre de 2.021 hasta ahora, más de 70.000 solicitantes de asilo fueron enviados forzosamente a México. Muchos de ellos se ven obligados a residir en precarios campamentos que ponen en riesgo su vida y son víctimas de numerosos delitos, al tiempo que se convierten en blanco de captación por parte de organizaciones criminales.
