El Tribunal Supremo francés confirmó este jueves la responsabilidad de la empresa alemana de certificación TÜV en los defectos detectados en implantes mamarios en mujeres de todo el mundo en la primera década de este siglo.
Al tiempo, la máxima instancia judicial del país devuelve el caso al Tribunal de Apelación de Lyon para que unifique las indemnizaciones que esa empresa deberá pagar a las víctimas, ahora segmentadas por diferentes piezas del proceso.
Como en instancias anteriores, el Supremo considera que la empresa germana «faltó a sus obligaciones de control, prudencia y vigilancia en el ejercicio de su misión profesional».
La decisión supone un nuevo golpe a la línea de defensa de la sociedad alemana en un caso que saltó a la luz en 2010 y que se ha desarrollado en los tribunales franceses, sede de la empresa PIP que comercializaba los implantes, en diversas piezas.
Compuestas de un gel industrial muy barato pero no conforme a las normas sanitarias, las prótesis se hicieron muy populares en todo el mundo, y se calcula que durante los diez años que estuvieron en el mercado fueron implantadas a decenas de miles de personas.
Gracias a la certificación de TÜV, recibieron el sello europeo que les abrió las puertas de más de 60 países en todo el mundo, muchos de ellos en América Latina, donde llegaron a ser muy populares, sobre todo en Colombia y Venezuela.
Con el tiempo, muchas de esas prótesis se rompieron y, en otros casos, componentes tóxicos se filtraron al organismo, desde los ganglios linfáticos a los pulmones, lo que acabó por desembocar en un escándalo sanitario.
En 2016, el fundador de PIP, Jean Claude Mas, fue condenado a cuatro años de prisión, donde falleció tres años más tarde.
Con información de la agencia EFE
