Según el informe del Centro de Estudios para el Desarrollo, Uruguay es el país con mayor desempleo juvenil de la región y cuenta con la menor tasa de finalización de educación secundaria en jóvenes entre los 20 y 24 años.
El informe destaca que 6 de cada 10 personas desempleadas son menores de 30 años, lo que es una cifra alarmante en el desarrollo del aparato productivo del país.
Entre las principales restricciones que enfrentan los jóvenes uruguayos para ingresar al mercado laboral, se destacan las asimetrías de información y de acceso a redes; la baja o nula experiencia laboral; la falta de acceso al crédito o capital; restricciones regulatorias como protecciones contra el despido, y salarios mínimos altos.
Uruguay comparado con otros países de la región centra su problema de empleo juvenil entre las personas de 18 a 24 años. La principal vulnerabilidad tiene que ver con los bajos niveles educativos de los desempleados y la misma limitante rige para las personas con empleos de baja calidad.
Los jóvenes uruguayos consiguen su primer empleo entre los 18 y los 21 años. El capital social es el principal activo para la búsqueda del primer empleo entre los jóvenes, especialmente para aquellos de menores ingresos, lo que representa un problema adicional por tener, en general, redes más frágiles y menores niveles de capital social.
Cabe destacar, que la vulnerabilidad no finaliza al conseguir empleo, puesto que cerca de 27 mil jóvenes que están empleados quieren trabajar más horas pero no lo consiguen, es decir que los niveles de oportunidades son casi nulas.
Activistas uruguayos han exhibido a lo largo de los últimos cinco años propuestas que quizás se conviertan en soluciones palpables, la primera es generar un canal de participación juvenil para que la opinión de los jóvenes esté representada en el gobierno.
En segundo lugar, incidir en la agenda de los distintos ministerios para que esa voz esté reflejada en las políticas públicas. Hasta ahora no han sido escuchados.
Uruguay ha tenido varias iniciativas legislativas en empleo juvenil, entre ellas una ley que plantea estímulos para que tanto el sector privado como el público contraten a jóvenes. Lamentablemente, el impacto de la norma, no ha generado los resultados que se buscaban y está lejos de solucionar el problema. El Gobierno Uruguayo no se manifiesta al respecto.
