El gobierno de Nicolás Maduro anunció el jueves 29 de febrero la revocación de una normativa del Ministerio para la Ciencia y Tecnología que buscaba regular los servicios de delivery en Venezuela.
Tras las protestas de representantes del sector comercial contra la regulación que requería el pago de una licencia y el registro ante el Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) para ofrecer envíos de productos, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, emitió un comunicado anunciando la suspensión de esta medida.
Según el comunicado oficial, autoridades del gobierno bolivariano y representantes de las empresas operadoras de servicios de entrega a domicilio sostuvieron una reunión el lunes 26 de febrero para avanzar en un plan conjunto de trabajo.
Como resultado de este encuentro, se decidió derogar la normativa publicada en la Gaceta Oficial el pasado 5 de febrero y transferir las responsabilidades de Ipostel del Ministerio de Ciencia y Tecnología al Ministerio para el Transporte.
Además, se acordó la formación de una comisión de trabajo y una de seguridad en conjunto con organismos del Estado venezolano, con el fin de coordinar a los prestadores de servicios de delivery con los cuadrantes de paz.
La normativa revocada incluía requisitos como la obtención de un código postal y una licencia o habilitación para realizar entregas a domicilio, así como el cobro de una comisión del 1% para el Estado sobre las ganancias obtenidas por los envíos, tanto de empresas establecidas como de aquellas que operan a través de redes sociales o plataformas digitales.
El economista Asdrúbal Oliveros señaló que estas medidas podrían aumentar los costos de estos servicios y tener un impacto negativo en el sector de reparto a domicilio, desacelerando un crecimiento que venía siendo significativo en los últimos años.
