México superó la cifra de 100 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, estadística sistematizada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), una organización integrada, desde 2015, por más de 80 colectivos de la nación azteca y Centroamérica.
Este ente social que lucha por la existencia e implementación de la primera Ley General en Materia de Desapariciones en México, advierte que esa cifra es poco precisa pues, con base en su experiencia, hay una importante y diversa cantidad de casos no considerados dentro del registro.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED) encontró allí “la imagen de una sociedad desbordada por el fenómeno de las desapariciones e instó al Estado mexicano a adoptar una política nacional de prevención que involucre a todas las autoridades para poner fin a las desapariciones forzadas”.
El Comité CED pide a las instituciones del Estado mexicano “que las víctimas tengan acceso a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición”, en esa sociedad donde la crisis de desaparecidos se disparó a partir de 2007, como consecuencia de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Ante esta situación, el MNDM hace una serie de requerimientos:
- El Estado mexicano debe atender con urgencia, contundencia e integralidad la crisis de desapariciones e identificación humana que vive México, comprendida como parte de una crisis de violencia e inseguridad.
- Que el Estado mexicano presente y ponga en marcha una política pública de búsqueda en vida e identificación de personas.
- Creación, con participación plena de las familias, del Banco Nacional de Datos Forenses y del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, porque la búsqueda e identificación de los desaparecidos permanece desarticulada y parcial.
- Ante la existencia de unas 52 mil personas sin identificar, instan al Estado a acabar con el rezago de identificación forense y fortalecimiento presupuestario de los servicios ordinarios forenses.
- Convocar una mesa de trabajo con todas las instituciones relevantes en la materia, familias de personas desaparecidas y organizaciones acompañantes para establecer un plan concreto y específico de implementación.
- Ante la impunidad que predomina en la mayoría de los casos de desaparición, la Fiscalía General de la República y Fiscalías locales permanecen como las principales deudoras ante las familias de personas desaparecidas.
- Ante las amenazas, violencia y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, el Estado debe reconocer a las personas buscadoras como tal y garantizar su protección.
