Medios argentinos publicaron los fundamentos expuestos por el Tribunal Oral Federal 2 de Argentina de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la actual vicepresidenta, Cristina Fernández.
«Un hecho de corrupción estatal de un perjuicio descomunal», afirmó el tribunal en un texto de más de 1600 páginas.
Para los magistrados, durante las presidencias de Cristina (2007-15) se creó un «caballo de Troya» para esconder los negocios con las obras públicas que tuvieron como beneficiario especial a Lázaro Báez, un ex empleado bancario de Santa Cruz, una provincia que Néstor Kirchner gobernó antes de llegar a la presidencia de Argentina, en 2003.
Los jueces insisten en que no existe especulación electoral en la sentencia y que la vicepresidenta ”ha llevado adelante una defensa mediática y extrajudicial con “desparpajo» y que su discurso es «un cliché de todo ex o actual funcionario público imputado en una causa penal».
Sostienen además que el «lawfare» -como se le llama a la politización de la justicia- es una invención pero los abogados de la vicepresidenta esgrimen que el argumento del tribunal federal es «falaz» y sostienen que buscan sentenciar otra cosa con la persecución a CFK y el armado de causas.
A partir de ahora, con la presentación detallada del veredicto, la actual vicepresidenta argentina dispondrá de diez días hábiles para apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal y rebatir las acusaciones.
“La sentencia es enterrar los 12 años del proyecto de Gobierno de Néstor y Cristina y demonizar lo que eso simboliza y representa», ha manifestado el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
El ministro del Interior, Wado de Pedro, consideró también que el poder judicial «vuelve a demostrar el rol disciplinador» frente al peronismo.
Cristina Fernández sostiene que ha sido colocada frente a «un pelotón de fusilamiento” que se formó sobre la base de «hechos inventados, ocultamiento de otros, tergiversaciones y mentiras».
El intento de magnicidio en su contra y la sentencia son, a su criterio, caras de una misma moneda.
Los seguidores de la vicepresidenta realizaron una vigilia frente al edificio del Tribunal Supremo y prometieron nuevas acciones.
Hay que resaltar que para inhabilitar a Cristina Fernández, su condena tiene que ser firme, es decir, ratificada por un tribunal de segunda instancia y más tarde por el Supremo.
