Después de permanecer tres meses en Estados Unidos (EEUU), el expresidente Jair Bolsonaro regresó este jueves a Brasil, en medio de un fuerte esquema de seguridad montado en el aeropuerto de Brasilia.
El político ultraderechista, que viajó a EEUU dos días antes de dejar el poder, llegó en un vuelo comercial de la aerolínea Gol, procedente de Orlando.
Por razones de seguridad, Bolsonaro, de 68 años, no pasó por el interior de la terminal donde lo esperaban unos 200 seguidores, muchos de ellos portando la bandera de Brasil y cantando «¡El capitán volvió!».
El líder de extrema derecha, que enfrenta varias investigaciones en diferentes instancias judiciales, se dirigió luego a la sede del Partido Liberal, donde fue recibido en un acto privado por su esposa Michelle y por el presidente de la formación, Valdemar Costa Neto.
Antes de embarcar en Orlando, el exmandatario declaró en el aeropuerto al canal CNN Brasil, que no va a liderar la oposición al Gobierno de Lula, pero que aportará su «experiencia» de más de tres décadas en la política «para cambiar lo que necesite ser cambiado» en el país.
«No se necesita hacer oposición a este Gobierno. Este Gobierno es una oposición por sí sola dada la calificación de aquellos que lo componen», afirmó el exgobernante.
Objeto de investigaciones
Una vez en la sede del Partido Liberal, después de una calurosa recepción por parte de sus correligionarios, Bolsonaro salió a saludar a las decenas personas que se habían concentrado en las afueras del edificio, pero no dio ninguna declaración.
El ahora expresidente va a residir en una mansión cedida por el PL, formación de la que será su presidente honorario a partir de la semana que viene. Por este «empleo» recibirá un salario de 8.000 dólares mensuales.
Además, el expresidente enfrentará dificultades con la justicia. Es objeto de cinco investigaciones susceptibles de penas de prisión en el Supremo Tribunal Federal, la más reciente abierta por su posible rol como instigador del asalto a los tres poderes el 8 de enero.
Además, corre riesgo de ser declarado «inelegible» si es condenado en alguno de los 16 casos que se tramitan en el Tribunal Superior Electoral, que investiga posibles abusos políticos y económicos en las presidenciales de 2022.
Si resultara condenado, se le podría prohibir disputar elecciones por ocho años, dejándolo fuera de los comicios de 2026.
Fuente: DW
