Por segunda vez una jueza del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, se negó archivar una investigación contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, por supuesta manipulación de testigos y fraude procesal.
La jueza Laura Becerra señaló que la Fiscalía no presentó los argumentos que eran necesarios para cerrar el caso y decidió no precluir el primer hecho contra el exmandatario.
La razón sería que Uribe, presuntamente participó en el soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve, a través del abogado Diego Cadena.
“Es claro que por parte del ente investigador ha debido hacerse un esfuerzo serio en orden a establecer todas las particularidades de hecho que se indagan, en otras palabras, obrar con mayor acuciosidad”, dijo la jueza Becerra.
A su juicio, sí existen elementos, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe.
Los hechos
Álvaro Uribe acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares, durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
Luego en 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores, dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a ex paramilitares.
Por esta razón Uribe permaneció dos meses bajo arresto en el 2020, en su finca cerca de la ciudad de Montería, la capital del departamento de Córdoba, después de que la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria citando riesgo de obstrucción a la justicia.
En octubre de ese mismo año, recuperó su libertad, por orden de una jueza, después de que renunció al Senado y que la Corte Suprema de Justicia trasladó el proceso a la Fiscalía General por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista.
De manera que el caso podría terminar con una pena de prisión de hasta 12 años para el político.
La decisión de la jueza puede ser apelada por la Fiscalía General ante el Tribunal Superior de Bogotá, una instancia superior en el sistema judicial de Colombia que podría confirmar el fallo o revocarlo.
