La Fiscalía de Bolivia acusó a la expresidenta Jeanine Áñez de genocidio. La petición incluye una pena de 30 años de prisión para ella, tres exministros y varios militares.
Esta acusación se basa en la muerte de 10 personas en la planta de combustible de Senkata, en El Alto, durante la crisis política de 2019.
Pruebas y juicio
«La Comisión de Fiscales va a requerir la máxima pena, toda vez que se acreditó la existencia del hecho a través de la prueba documental presentada junto a la acusación», afirmó Sergio Fajardo, fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado. El juicio oral comenzará el 2 de septiembre de manera virtual, según la notificación oficial del juzgado.
Operativo en Senkata
El 19 de noviembre de 2019, militares y policías llegaron a la planta de YPFB Senkata, donde manifestantes protestaban tras la posesión de Áñez como presidenta transitoria.
La Fiscalía señala que durante el operativo «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión con armas de guerra y vehículos blindados, además de helicópteros y aviones-caza, contra manifestantes civiles desarmados».
Acusados y reacciones
Áñez encabeza la lista de acusados, junto con los exministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y otras 14 personas, entre exjefes militares y policiales.
La expresidenta reaccionó en redes sociales, acusando al gobierno de Luis Arce y al Tribunal 6º de La Paz de someterla a juicios ilegales.
Contexto político
El gobierno de Luis Arce y el Movimiento Al Socialismo (MAS) sostienen que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Evo Morales.
La oposición, por su parte, afirma que las protestas que llevaron a su renuncia fueron consecuencia de un fraude en las elecciones generales de ese año.
Morales renunció el 10 de noviembre de 2019, diciendo que fue forzado por las Fuerzas Armadas, y abandonó el país al día siguiente.
Tras dos días de vacío de poder, el 12 de noviembre, Áñez asumió como presidenta interina, tras la renuncia de todos los cargos en la línea de sucesión.
Sentencia previa y procesos pendientes
En 2022, Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por otro proceso, el «golpe de Estado II», acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019. La exmandataria enfrenta otros procesos que aún están en la etapa preparatoria.
Con información de EFE
