Desde el pasado 27 de marzo y hasta finales de mayo, el presidente de El Salvador Nayib Bukele impuso un régimen de estado de excepción que suspende garantías constitucionales, como medida para enfrentar a la delincuencia. Ahora, prevé solicitar a la Asamblea Legislativa una extensión del plazo.
La Constitución de El Salvador habilita la suspensión de derechos constitucionales por un periodo no mayor a 30 días y “podrá prolongarse por igual período”, en caso de continuar “las circunstancias que la motivaron”. De acuerdo con esto, ya se han cumplido los tiempos legales por lo que hay dudas sobre la constitucionalidad de la extensión.
La prórroga del estado de excepción está “fuera del marco de la constitución”, según advierten defensores de derechos humanos, quienes también alertan que en el país se está “configurando una situación de lesa humanidad”.
El régimen de estado de excepción suspende libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa. Organizaciones sociales han recabado más de 500 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y, además, por 16 personas muertas en ese contexto.
Tras la medida hay 33.812 personas detenidas; según el director de Litigio Estratégico de la organización humanitaria Cristosal, Abraham Ábrego, el 87,7% de las denuncias son detenciones arbitrarias por cuerpos de seguridad, 4,7% es por lesiones y 0,4% por muerte de personas detenidas.
Advierte que la Constitución no establece plenamente si la ampliación se puede dar por una única vez; si lo justifican con el alza de homicidios “siempre estaría fuera del marco constitucional…; si el régimen se prolonga en una forma que se vuelve permanente…deja de ser un mecanismo temporal y extraordinario”.
Celia Medrano, excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice que “la prórroga aprobada ha sido prácticamente automática, sin mayor fundamento e inconstitucional”; advierte “que en la consolidación de la militarización de la seguridad pública, la población normaliza cada vez más las prácticas de autoritarismo”.
Una enorme ola de violencia motivó el asesinato de 87 personas el 26 de marzo, colocando ese día como marca récord en la crimimalidad salvadodereña, por lo que el presidente Bukele tomó esta decisión ejecutiva amparado en el texto de la Carta Magna.
