El exministro brasileño de Justicia Anderson Torres, sobre quien pesa una orden de prisión en el marco de la investigación por los actos golpistas del domingo en Brasilia, afirmó este martes que retornará al país para entregarse a la Policía.
«Recibí la noticia de que el magistrado Alexandre de Moraes determinó mi prisión y autorizó el allanamiento en mi residencia. Tomé la decisión de interrumpir mis vacaciones y volver a Brasil para presentarme ante la Justicia y defenderme», dijo Torres en su Twitter.
De Moraes, miembro de la Corte Suprema y titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), ordenó este martes la prisión de Torres, el último ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).
Fiel aliado de Bolsonaro
Torres era el recién nombrado secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia cuando miles de simpatizantes radicales de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema, en un intento de golpe.
Torres, un fiel aliado de Bolsonaro, se encontraba actualmente en Estados Unidos, adonde viajó de vacaciones tras asumir la semana pasada la Secretaría de Seguridad de Brasilia.
No obstante, la Policía Federal ha registrado la casa de Torres en Brasilia en busca de pruebas.
«Siempre planeé mis acciones por la ética y por la legalidad. Creo en la Justicia brasileña y en la fuerza de las instituciones. Estoy seguro de que la verdad prevalecerá», señaló Torres desde Estados Unidos, donde se encuentra de vacaciones.
El pasado domingo, bajo su gestión como responsable de la seguridad de la capital brasileña, miles de bolsonaristas radicales vagaron con total libertad por las sedes de los tres poderes y destrozaron mobiliario de gran valor durante cuatro horas.
Torres fue cesado del cargo ese mismo domingo por el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien horas más tarde fue apartado temporalmente de sus funciones, por orden del propio De Moraes, por su supuesta omisión a la hora de detener a la horda bolsonarista que asaltó las sedes de los tres poderes.
Libertad para algunos detenidos
Las autoridades brasileñas pusieron en libertad este martes a 599 personas que habían sido arrestadas por su supuesta participación en los actos antidemocráticos que buscaron derrocar el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva el pasado domingo.
Estos detenidos, que fueron puestos en libertad «por razones humanitarias», son en general ancianos, personas con problemas de salud, personas en situación de calle y madres con hijos, según informó la Policía Federal en un comunicado.
La puesta en libertad «no necesariamente» significa que queden libres de cargos y algunos de ellos pueden ser llamados posteriormente para ser procesados, según dijo a EFE un portavoz de la Policía Federal.
La Policía confirmó que, de momento, 527 personas están formalmente arrestadas por los ataques perpetrados contra las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio presidencial de Planalto.
Los cuerpos de seguridad todavía están interrogando y analizando la situación de otro grupo de personas detenidas, cuyo número no fue precisado.
En el comunicado, la Policía Federal confirmó que fueron detenidas «más de 1.500 personas» supuestamente implicadas en los ataques a las sedes de los tres poderes.
Cerca de 300 de ellos fueron detenidos el mismo domingo durante los disturbios, y el resto, un día después en un campamento de bolsonaristas instalado frente al Cuartel General del Ejército.
Los sospechosos, confinados provisionalmente en un pabellón deportivo de la Policía Federal, están siendo identificados e interrogados por las autoridades.
