Este viernes se conoció que la Fiscalía de España archivó la investigación sobre la muerte de al menos 23 inmigrantes en Melilla, ciudad española en el norte de África frontera con Marruecos, al no hallar indicios de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad españolas.
Unas 2.000 personas, la mayoría procedentes de Sudán, asaltaron la frontera española el 24 de junio en el intento más mortífero de cruce de migrantes hacia los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, únicas fronteras terrestres de la UE con África. La estampida dejó un saldo de 23 muertos.
Según el documento, Beatriz Sánchez, la fiscal coordinadora de Extranjería, “no vio indicios ni de posibles delitos de homicidio imprudente ni de omisión del deber de socorro”, y considera legales los 470 rechazos en frontera cuestionados por el Defensor del Pueblo español.
"No puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente", reza la nota.
La Fiscalía constató, además, que la actuación de los inmigrantes, entre 700 y 800, fue "hostil y violenta", tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles.
El balance de 23 muertos es el mayor jamás registrado durante algún intento de ingreso de migrantes en Melilla. Es por ello que varias ONG y expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU elevaron el balance a 37 fallecidos durante este drama que despertó indignación internacional.
Según el reporte de los policías, en ningún momento supieron que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio e incluso de haberlo sabido, no podrían habérselo prestado "sin riesgo propio". Las autoridades españolas aseguraron que ninguno de los decesos ocurrió en su territorio.
