Justicia peruana rechaza recurso de nulidad del presidente Castillo

Pedro Castillo, presidente de Perú

La justicia peruana declaró como infundada la tutela de derechos presentada por el primer mandatario nacional, Pedro Castillo, con la que buscaba revertir una investigación abierta por la Fiscalía de ese país por presuntamente liderar una organización criminal.

El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley , anuló el recurso presentado por el presidente Castillo, en el que sus abogados afirmaban la presunta violación a los principios de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica, ya que la Constitución sólo permite su procesamiento, mientras ejerce el cargo, por casos de traición a la patria o impedimento de elecciones.

Sin embargo, el magistrado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos. Checkley indicó que efectivamente el primer mandatario nacional sólo puede ser acusado por lo que prevé la Constitución, por delitos de traición a la patria, disolver el Congreso, o impedir las elecciones; pero la misma no "anula la posibilidad de iniciar una investigación preliminar, siempre que existan justificaciones razonables".

Por su parte, el representante legal de Castillo, Benji Espinoza, en declaraciones a la prensa peruana adelantó que apelarán esta decisión y que elevarán a la la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, si la interpretación del juez Checkley "es correcta o incorrecta".

El actual mandatario nacional es investigado por la supuesta irregularidad en la adjudicación de la construcción del Puente Tarata II. Por esta investigación también están implicados el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, el ex secretario presidencial Bruno Pacheco y dos sobrinos del presidente Castillo .

En la primera celebración de la audiencia, el fiscal Samuel Rojas afirmó que "es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado".

Rojas destacó que existen pruebas incriminatorias como conversaciones entre el empresario Zamir Villaverde y el exministro Silva, en las que este último recibió unos 41.000 dólares en sobornos.

A raíz de estas pruebas, la comisión de Fiscalización del Congreso ha pedido interrogar a Castillo este próximo lunes para dar respuesta a estas acusaciones.

Redacción
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