Cuba aprobó la nueva Ley del Código Penal, que reemplaza a promulgada en 1987: mientras algunos aseguran que es más restrictiva contra la disidencia, otros destacan que actualiza las leyes penales y defiende el sistema socialista respetando los derechos humanos.
La nueva legislación, aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional, "tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses del Estado y del pueblo", dijo el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro.
Según los medios estatales, previo a su aprobación fueron consultados magistrados, jueces, fiscales, especialistas, miembros del Ministerio del Interior, profesores de Derecho y diputados.
Cabe destacar que la nueva ley mantiene la pena de muerte con carácter excepcional, en 23 delitos y la suprime en cuatro respecto al código anterior. Básicamente los relacionados a seguridad del Estado, terrorismo, tráfico internacional de drogas y asesinato.
Los detractores, sin embargo, señalan que aumenta los tipos delictivos por desórdenes públicos, contra la seguridad del Estado y la financiación extranjera de ONG o medios de comunicación.
"El nuevo Código Penal es una nueva vuelta de tuerca del régimen para intensificar la represión contra los ciudadanos", dijo René Gómez Manzano, presidente de la Corriente Agramontista, la organización más antigua de abogados opositores cubanos.
Según los medios locales, la población apoya el rigor de las sanciones en hechos vinculados a la corrupción económica o administrativa, con alcance a los nuevos actores económicos.
Ambos bandos ideológicos han subrayado que se incorporan nuevas sanciones accesorias y reglas de adecuación para enfrentar la discriminación, la violencia de género, familiar y contra menores de edad o con discapacidad.
Este nuevo instrumento jurídico se estrenará, junto a la Ley de Amparo de derechos constitucionales y el Código de Ejecución Penal, que serán sometidos a votación esta semana.
El texto del Código Penal será revisado por una comisión de estilo y entrará en vigor a los 90 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
