“Como representante del Estado colombiano debo pedir perdón a las víctimas, familiares, y víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado”, reflexionó el presidente Gustavo Petro.
“Los crímenes que se cometen desde el Estado contra su propia ciudadanía son los crímenes más castigados en el mundo, se les llaman crímenes contra la humanidad”. Petro explicó que, desde 1991 se empezó a construir un Estado que no está escrito en la Constitución, que es el Estado de la impunidad, en primer lugar, que encubre. Dijo además, los procesos judiciales, las investigaciones, la institución que llamamos Fiscalía y otras, no fueron capaces porque no tenían la voluntad política, en primer lugar, de descubrir los orígenes de un asesinato sistemático de civiles a lo largo y ancho de Colombia, que es un delito de lesa humanidad y al cual se le podría llamar genocidio.
En un evento celebrado en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, el presidente resaltó que el Estado reconoció que los muertos no eran enemigos de nadie, era gente humilde y trabajadora, que los mataron porque sí.
María Victoria Fallón, directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), que lleva los procesos judiciales por las masacres de El Aro y La Granja, se refirió al hecho.
“No se trata solamente de un compromiso jurídico, señor presidente, es un compromiso ético y moral, es un compromiso con las niñas y niños que tuvieron que ver morir a su padre o a su madre y tuvieron que crecer sin ellos”, aseguró Fallón.
“Hoy deseo que nuestro pueblo no quede en el olvido y que nos brinden los recursos necesarios para reconstruirlo y que no quede en el olvido” afirmó Miladys Restrepo, hermana de Wilmar Restrepo Torres, asesinado en la masacre de El Aro.
Hay que recordar que el 11 de julio de 1996, miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá entraron al corregimiento de La Granja y asesinaron a cuatro personas. Meses después, miembros del mismo grupo paramilitar torturaron y asesinaron a otros 15 campesinos en el corregimiento de El Aro.
Diez años después, el 01 de julio de 2006, la Corte IDH ordenó al Estado tomar acciones para garantizar el retorno de las familias desplazadas por la masacre de El Aro a este corregimiento. E indicó que en caso de no ser posible, el Estado debía dar las condiciones de estabilidad en otro lugar donde los ciudadanos decidieran residir.
Además, ordenó realizar un acto de perdón donde se reconociera la participación del Estado en estos hechos de violencia.
Recién ahora, tres gobiernos después, el presidente presentó dos placas conmemorativas donde se reconoce a las víctimas de estas masacres y les pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado.
