El primer ministro de Portugal (desde 2015) António Costa, renunció este martes tras verse envuelto en una investigación relacionada con tráfico de influencias, corrupción y prevaricación en proyectos energéticos.
“Obviamente, presenté mi dimisión”, dijo Costa y aseguró que abandona el cargo “con la conciencia tranquila”. Explicó que “la dignidad del cargo es incompatible con la apertura de una investigación y su obligación es también preservar la dignidad de las instituciones democráticas”, reseñó el diario El País.
Reiteró que ignora los actos que son considerados sospechosos pero que el simple anuncio de la Procuradoría General de la República (Fiscalía) de que sería investigado le invalida para continuar al frente del Gobierno.
Costa presentó su renuncia ante el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa
Analistas consideran que la renuncia del primer ministro aceptada por el presidente de la República, abre ahora una gran incertidumbre política en el país. Este miércoles, el presidente se reunirá con los líderes parlamentarios y el jueves convocó un Consejo de Estado, «después de lo cual se dirigirá al país», según medios locales.
No es un dato menor que Costa continuará en funciones mientras tanto pero ya ha dejado claro que no volverá a ser candidato de su formación.
El caso de corrupción comenzó en Lisboa con la detención de dos personas del círculo más estrecho del primer ministro por irregularidades cometidas en la concesión de la explotación de yacimientos de litio y de proyectos de hidrógeno verde.
A primera hora fueron arrestados Vítor Escária, jefe de gabinete del primer ministro, y el empresario Diogo Lacerda Machado, gran amigo de Costa, que le confió en el pasado misiones estratégicas como la nacionalización de la aerolínea portuguesa TAP.
En paralelo, la Policía de Seguridad Pública realizó unos 42 registros, que incluyeron la residencia oficial del primer ministro del Palacio de São Bento y los ministerios de Infraestructuras y de Medio Ambiente y Acción Climática y la Cámara Municipal de Sines.
También varios organismos públicos, 17 domicilios y cinco despachos de abogados. La Procuraduría declaró sospechosos al ministro de Infraestructuras, João Galamba, y al presidente del consejo directivo de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente. Además, se detuvo al alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y dos empresarios de la sociedad Start Campus, que promovía un proyecto en Sines.
La operación que ha desatado la crisis política en Portugal se enmarca en una investigación del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, que comenzó a finales de 2019 tras una denuncia anónima para dilucidar si se habían producido tratos de favor hacia empresas portuguesas (EDP, Galp y REN) para explotar un negocio de hidrógeno verde en Sines.
