La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó que en el país tres de cada 10 mujeres son víctimas de violencia obstétrica, la cual es una forma de violencia de género ‘’normalizada’’ e invisibilizada.
Tal y como señala la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del 2021, durante ese año, más del 30% de mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un parto natural o cesárea, fueron víctimas de este tipo de violencia.
Además, el sondeo confirma que la irregular situación se presentó en tratamientos médicos no autorizados en el 23,7% de las cesáreas y en casi 17% de los partos naturales.
La violencia obstétrica se refiere a las prácticas realizadas por profesionales de la salud a las mujeres durante el embarazo o parto, desde el sector público hasta el privado, que por acción son violentas o pueden percibirse como tal.
Esta severidad incluye actos no apropiados o no consensuados, tales como episiotomías sin consentimiento, intervenciones sin analgésicos, obligación en que la mujer tenga al bebé o proveer una medicación excesiva o innecesaria que podría conllevar a complicaciones graves en la embarazada.
Este tipo de violencia significa una discriminación de género y representa una violación de los derechos humanos hacia las mujeres. Estas malas praxis constituyen un real problema de Estado y de salud pública en diversos países del mundo.
Inclusive, hay investigadores que señalan que la calidad asistencial está asociada a la jerarquía social de la paciente. De esta forma, a mayor vulnerabilidad de la mujer, menor será el trato decente que esta recibirá.
