Este viernes 3 de diciembre, la fiscalía peruana anunció que iniciaría una investigación por la muerte de 41 civiles y 1 integrante de la fuerza policial producidas durante los enfrentamientos ocurridas en las protestas.
La fiscalía, también investiga a la presidenta del país, Dina Boluarte, ya que un grupo de abogados presentaron una denuncia por estas protestas provocadas por la destitución del ex presidente Pedro Castillo.
Boluarte está siendo investigada por presuntos crímenes de genocidio, homicidio y heridas graves ocurridas en las protestas.
Luego de conocerse estas investigaciones, el despacho de la presidenta hizo público un comunicado en el que expresaban: ”La presidenta saluda la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias previas respecto a los hechos ocurridos durante las manifestaciones de diciembre, así como también dará todas las facilidades para el pronto esclarecimiento de los hechos".
El organismo además explicó que hasta los momentos se encuentran privados de libertad 329 personas a causa de las protestas, entre los detenidos hay un menor de edad. Todos ellos están siendo imputados de presuntos delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
Sin embargo, la fiscalía sumó algunos números a su lista preliminar ya que contaron a otros siete civiles quienes fallecieron por accidentes de tránsito y otros hechos vinculados a las protestas, llegando a un total de 49 muertos.
Entre las investigaciones, se les están abriendo 17 carpetas fiscales por los ciudadanos lesionados o heridos para todos los que presuntamente cometieron algún delito contra la administración pública, violencia, resistencia a la autoridad o entorpecer al funcionamiento de servicios.
Debido a estas protestas, las autoridades peruanas declararon estado de excepción en las provincias afectadas.