El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que se dictó orden de captura nacional e internacional contra tres ex diputadas, que pertenecieron a la Asamblea Nacional paralela que acompañó a Guaidó en el 2000, por usurpar funciones legislativas en una supuesta junta “ad hoc” que pretende administrar los recursos del Estado en el exterior.
Las órdenes de captura han sido emitidas contra Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, ex diputadas de oposición que se “juramentaron” de manera virtual -sin validez jurídica-.
Los delitos que se les imputan son usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Además de las órdenes de aprehensión, la Fiscalía pidió la emisión de una alerta roja de Interpol contra las imputadas ya que una de ellas vive en EE.UU. y las otras dos en España.
"Vamos a ver qué hacen los gobiernos de esos países con nuestras solicitudes", apuntó el fiscal.
La comisión “ad hoc” se realizó por parte de la llamada oposición radical tras declarar el "fin" del supuesto interinato del también ex diputado Juan Guaidó.
Por otra parte, la Fiscalía solicitó medidas de incautación y aseguramiento de los bienes, bloqueos e inmovilización de cuentas, y prohibición de enajenar y gravar bienes mientras continúan las investigaciones.
Las órdenes de captura también alcanzan al falso secretario de la asamblea ilegítima, José Figueredo Márquez y a Luis Alberto Bustos, subsecretario de esa entidad.
El funcionario citó cifras que aseguran que el Departamento de Estado de EE.UU. facilitó a la oposición venezolana unos 2.700 millones de dólares, provenientes de la confiscación de activos y la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Caracas.
No es un dato menor que, según el titular del Ministerio Público, las casi mil sanciones unilaterales de EE.UU. contra Venezuela le han ocasionado al país suramericano un daño patrimonial de 44.000 millones de dólares anuales, desde 2015.
Hay que recordar que en la actualidad hay 27 causas abiertas en contra de la dirigencia opositora, no sólo por la presunta apropiación ilegal de los recursos de Venezuela en el exterior –como Citgo, Pequiven y Monómeros–, sino por acciones destinadas a subvertir el orden constitucional.
Otra de las estrategias que habrían utilizado los imputados para lesionar el patrimonio del país fue mediante la designación de supuestos "embajadores" y de una falsa junta directiva del Banco Central, que se usó para la realización de actos fraudulentos en representación de la nación venezolana, indicó el fiscal.
